Por: Henry Vargas Hay realidades que solo pueden comprenderse cuando se viven desde adentro. Entrar al Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez permite observar dos caras de una misma realidad: por un lado, una infraestructura que representa una importante inversión del Estado dominicano y que está llamada a brindar servicios de salud a miles de ciudadanos del Cibao; por otro, las dificultades que surgen cuando la falta de mantenimiento, el descuido administrativo y la poca educación ciudadana terminan deteriorando aquello que pertenece a todos. El Cabral y Báez no es un hospital cualquiera. Es un centro de referencia para Santiago y para numerosas comunidades de la región Norte. Su importancia trasciende las fronteras de una provincia: recibe pacientes de pueblos y municipios que encuentran allí una alternativa para atender problemas de salud que, de tener que resolverse exclusivamente en el sector privado, representarían un costo prácticamente inalcanzable para muchas familias. Entonces surge una pregunta inevitable: ¿por qué no cuidamos lo que hemos construido con el dinero de todos? Existe una cultura que debemos comenzar a desmontar: la idea de que aquello que pertenece al Estado no tiene dueño. Todo lo contrario. Las instalaciones públicas se construyen con los recursos que aporta la ciudadanía mediante impuestos, trabajo y sacrificios. Cuando alguien destruye, roba o maltrata una propiedad pública, no está perjudicando a un gobierno abstracto; está perjudicando a la sociedad. En un hospital, además, las consecuencias pueden ser mucho más graves. Baños deteriorados, equipos de climatización maltratados, instalaciones que requieren mantenimiento constante y espacios que pierden rápidamente las condiciones para las que fueron concebidos son señales que deberían llamarnos la atención. No se trata únicamente de estética. Se trata de salubridad, dignidad y calidad del servicio. Pero tampoco podemos responsabilizar de todo al Estado o al personal hospitalario. Hay trabajadores que llegan diariamente a cumplir jornadas agotadoras, enfrentando limitaciones, presión y, en ocasiones, el maltrato de usuarios desesperados. Médicos, enfermeras, técnicos, conserjes, personal administrativo y otros colaboradores hacen esfuerzos para mantener funcionando un sistema que recibe una demanda enorme. También debe existir responsabilidad ciudadana. Si una persona roba un objeto de un hospital, destruye un baño, maltrata una instalación, agrede a un trabajador o causa daños deliberadamente, debe responder por sus actos conforme a la ley. La tolerancia frente a estas conductas termina convirtiéndose en complicidad con el deterioro. Ahora bien, el Estado también tiene una responsabilidad ineludible: mantener, supervisar y administrar correctamente las inversiones realizadas. No basta con inaugurar una infraestructura moderna. Una obra pública necesita mantenimiento permanente, vigilancia, educación del usuario, controles administrativos y presupuesto para conservarla. De lo contrario, después de varios años, volvemos a encontrarnos ante la misma pregunta: ¿por qué hay que invertir nuevamente millones para reparar lo que pudo conservarse con una fracción de ese costo? Y aquí aparece otra realidad dolorosa. Muchas familias dominicanas hacen enormes sacrificios para pagar un seguro médico. Sin embargo, cuando necesitan atención especializada, pueden terminar enfrentando gastos que afectan su alimentación, sus compromisos familiares y su economía. El sector privado tiene costos que no todas las familias pueden asumir, mientras que el sistema público representa para millones una puerta de acceso indispensable a la salud. Por eso debemos dejar atrás la expresión de que “como es del Estado, no cuesta”. Sí cuesta. Cuesta el trabajo de los ciudadanos. Cuestan los impuestos. Cuestan los años de espera para construir una infraestructura. Cuesta el esfuerzo de los profesionales que allí trabajan. Y cuando se destruye, cuesta nuevamente repararla. Cuidar un hospital público también es una forma de cuidar nuestra propia salud. El desafío no consiste solamente en construir hospitales modernos. El verdadero desafío es desarrollar una cultura de respeto hacia lo público, fortalecer la supervisión administrativa y garantizar que cada peso invertido en infraestructura sanitaria tenga continuidad mediante mantenimiento y protección. El Cabral y Báez merece ser cuidado. Sus trabajadores merecen respeto. Sus pacientes merecen dignidad. Y los ciudadanos merecemos que nuestras inversiones públicas sean preservadas. Porque cuando deterioramos lo que es de todos, finalmente terminamos pagando todos. La pregunta, entonces, no debería ser solamente cuánto costará volver a invertir. La pregunta debería ser: ¿Cuánto nos costaría, como sociedad, seguir sin aprender a cuidar lo que ya tenemos Navegación de entradas Los inciertos caminos de la incertidumbre Un giro diplomático hacia la confrontación
