¿Una nueva reforma fiscal?

Por Aquiles Olivo Morel

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, ha insistido en la necesidad de elevar la carga tributaria en la República Dominicana. Su planteamiento persigue tres objetivos fundamentales: fortalecer las finanzas públicas, modernizar el sistema tributario para corregir distorsiones y garantizar ingresos más sostenibles para el Estado.

Las razones que expone son válidas desde el punto de vista técnico. Sin embargo, resulta inevitable recordar que recientemente fue aprobada una reforma fiscal de alcance limitado, impulsada para amortiguar los efectos de la crisis internacional derivada del conflicto en Medio Oriente entre Estados Unidos e Irán. Dicha iniciativa fue conocida y aprobada en un tiempo récord, incluyendo acuerdos con sectores vinculados a los juegos de azar.

Cada vez que se presentan los resultados trimestrales de la economía nacional, el déficit fiscal continúa ocupando un lugar central en el debate público. Durante los primeros seis meses del año, este alcanzó aproximadamente RD$94,000 millones, reflejando las dificultades para reducir el gasto público y avanzar hacia un mayor equilibrio de las finanzas estatales.

A ello se suma el crecimiento sostenido del gasto corriente, especialmente por el incremento de la nómina pública, que continúa limitando la capacidad del Estado para generar ahorros y fortalecer su posición fiscal. En ese contexto se entiende la insistencia del ministro en procurar fuentes de ingresos más estables y permanentes.

No obstante, esa preocupación oficial también genera inquietud entre los sectores productivos y la ciudadanía. Ambos muestran resistencia a asumir nuevos sacrificios tributarios. La población conoce los datos del Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) publicados por el Banco Central y también es consciente del impacto que tienen los elevados precios internacionales del petróleo sobre la economía. Sin embargo, existe la percepción de que una nueva reforma significaría entregar mayores recursos a un Estado que muchos consideran poco disciplinado en el manejo del gasto y con escasa capacidad de ahorro.

En ese escenario, la insistencia en promover una reforma fiscal podría interpretarse como una prioridad de la actual gestión del Ministerio de Hacienda. Sin embargo, cualquier iniciativa de esa naturaleza requiere mucho más que argumentos técnicos: demanda consenso, confianza y un amplio proceso de diálogo con los distintos sectores nacionales.

Una reforma orientada a corregir distorsiones también debe enfrentar uno de los principales desafíos estructurales de la economía dominicana: la alta informalidad. Con una tasa cercana al 54.6 %, miles de negocios continúan operando al margen del sistema tributario, generando una competencia desigual frente a quienes cumplen con sus obligaciones fiscales. Incrementar la carga sobre los contribuyentes formales, sin reducir la informalidad, podría profundizar esas diferencias.

Los estudios económicos también reflejan un evidente desgaste en la capacidad financiera de los hogares. Muchas familias enfrentan una reducción de su poder adquisitivo y mayores dificultades para cubrir sus necesidades básicas. En esas condiciones, promover una nueva reforma fiscal podría aumentar el descontento social y reabrir un debate que recientemente polarizó a amplios sectores de la sociedad.

Por ello, el ministro de Hacienda debería actuar con prudencia al plantear la necesidad de una reforma fiscal más amplia e integral. La realidad es que buena parte de los ingresos públicos ya está comprometida con obligaciones permanentes, como el financiamiento del 4 % del PIB destinado a la educación, el servicio de la deuda pública, los compromisos con la seguridad social y el sostenimiento de una creciente nómina estatal. Es probable que esa presión sobre las finanzas públicas explique la reiteración de su llamado a una reforma.

Sin embargo, fortalecer la capacidad recaudatoria del Estado también exige considerar el contexto internacional. Mientras persista la incertidumbre económica derivada de los conflictos geopolíticos y continúen las tensiones que afectan los mercados, será difícil generar el clima de confianza necesario para impulsar una reforma de gran alcance.

Los agentes económicos necesitan estabilidad y previsibilidad para invertir y producir. La población, por su parte, demanda señales claras de eficiencia, racionalidad en el gasto público y transparencia en el uso de los recursos antes de aceptar nuevas cargas tributarias.

Al menos, ese parece ser el sentir predominante entre amplios sectores de la sociedad y del aparato productivo nacional.

EDITOR: Henry Vargas