Cuando el pueblo siente que pierde su lugar

Por Henry Vargas

No hay mayor tristeza para un padre o una madre que salir a buscar el sustento y regresar con las manos vacías. No porque haya faltado voluntad de trabajar, sino porque las oportunidades parecen alejarse cada día más.

En los barrios, en las esquinas y en las conversaciones cotidianas se escucha una preocupación que va creciendo. Hay quienes sienten que el empleo se ha vuelto más difícil de conseguir, mientras el costo de la vida sigue aumentando y el salario rinde menos. Esa percepción, alimentada por experiencias personales y cambios en distintos sectores laborales, ha generado un sentimiento de incertidumbre.

Muchos ciudadanos observan una mayor presencia de trabajadores haitianos en actividades donde antes predominaban dominicanos. Para algunos, esto representa una competencia por empleos, especialmente cuando existen denuncias de contratación de mano de obra a menor costo o fuera de las normas establecidas. Esa realidad ha despertado un debate sobre el impacto de la migración y sobre la aplicación de las leyes vigentes.

La preocupación de una parte de la población no nace únicamente de quién ocupa un empleo. También surge de la sensación de que el Estado no ha logrado hacer cumplir de manera efectiva las leyes migratorias, supervisar el mercado laboral y garantizar condiciones equitativas para quienes viven y trabajan en el país.

Hablar de migración no debería convertirse en un motivo para enfrentar a pueblos. Tampoco debería impedir discutir si las instituciones están cumpliendo con su responsabilidad. Un país tiene el derecho de ordenar sus procesos migratorios y proteger el empleo formal, al mismo tiempo que respeta la dignidad y los derechos de todas las personas.

Cuando el ciudadano siente que trabaja más, vive con mayor dificultad y pierde la confianza en las instituciones, no solo se afecta la economía de una familia. También se debilita el vínculo entre el pueblo y quienes tienen la responsabilidad de gobernar.

Hoy más que nunca, la República Dominicana necesita un debate sereno, basado en la ley, en datos y en soluciones. Porque el futuro de un país no se construye enfrentando a quienes buscan salir adelante, sino fortaleciendo las instituciones para que las reglas se apliquen por igual y el trabajo digno sea una oportunidad real para todos.

Creo que este enfoque mantiene el sentimiento que deseas transmitir, pero dirige la crítica hacia las políticas públicas y el cumplimiento de la ley, evitando atribuir de manera general la responsabilidad a un grupo de personas. Eso hace que el mensaje sea más equilibrado y tenga mayor impacto como editorial.

La patria no se abandona. La patria se cuida. Y cuidarla comienza cuando cada ciudadano decide ser parte de la solución, siempre dentro del marco de la ley y el respeto a la dignidad humana.