Un nuevo partido de izquierda debe luchar en contra del estado miserable de las viviendas de los trabajadores dominicanos   

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Por José De los Santos Hiciano

Cruzar los datos de la precariedad habitacional con el mercado laboral en la República Dominicana revela con precisión numérica el impacto de la exclusión social. Cuando la Oficina Nacional de Estadística (ONE), el Banco Central y el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (MIVHED) desglosan las carencias del país, los datos muestran una cruda realidad. El panorama estadístico de los trabajadores y sus condiciones de vivienda se define a través de las siguientes métricas clave:

1. El mercado del alquiler y el Déficit Cualitativo

En la República Dominicana no existe un censo que use el término «pensión de mala muerte», pero el sistema oficial lo mide bajo dos variables técnicas: viviendas bajo régimen de alquiler y el déficit habitacional cualitativo (casas que ya existen pero tienen deficiencias graves en sus materiales de construcción como pisos de tierra, paredes de madera o zinc deteriorado, hacinamiento o falta de acceso a servicios básicos como agua y baño propio).

El auge del alquiler: El 42.5% de las familias dominicanas reside en viviendas alquiladas. El acceso a una vivienda propia es casi imposible para los sectores vulnerables debido al alto costo inmobiliario. 

El peso del déficit: El déficit habitacional global ronda el 39.3% de los hogares del país (aproximadamente 1.4 millones de viviendas). La inmensa mayoría de este déficit es cualitativo; es decir, personas que viven bajo un techo deficiente, inestable o sobrepoblado. 

2. La correlación con la Informalidad y el sector obrero

Cuando filtramos ese déficit habitacional enfocándonos exclusivamente en los trabajadores informales (que representan el 53.4% de la fuerza laboral del país) y los obreros de sectores precarizados (como la construcción y los servicios), el porcentaje que habita en viviendas defectuosas o habitaciones alquiladas se dispara sustancialmente. 

Aunque el dato promedio nacional de viviendas deficitarias es cercano al 40%, en los hogares compuestos exclusivamente por trabajadores informales y obreros de bajos ingresos de las zonas urbanas, se estima que entre el 60% y el 65% vive bajo condiciones de precariedad habitacional cualitativa o hacinamiento. Esta realidad se explica a través de tres razones estructurales:

A. La barrera bancaria y de financiamiento

Un trabajador informal (como un chiripero, motoconchista o vendedor ambulante) o un obrero de la construcción sin salario fijo carece de historial crediticio, estados de cuenta estables o una carta de trabajo. Al estar excluidos del sistema financiero formal, les es imposible aplicar a los proyectos de vivienda del Estado o del sector privado, quedando atrapados de por vida en el mercado de alquiler informal de habitaciones («pensiones») o cuarterías en los barrios populares.

B. El hacinamiento urbano y las «cuarterías»

Con el proceso de urbanización acelerado —donde el 84.7% de los hogares dominicanos ya se concentra en zonas urbanas— los cordones de miseria de las grandes ciudades (como el Gran Santo Domingo y Santiago) han desarrollado un mercado informal de subarrendamiento.

En sectores densamente poblados, es común encontrar edificaciones divididas en pequeñas habitaciones de bloques y zinc donde familias enteras alquilan espacios de apenas unos pocos metros cuadrados, compartiendo un único baño común para decenas de personas.

C. La precariedad de los materiales de construcción

Los obreros y trabajadores del sector informal se ven obligados a destinar entre el 30% y el 50% de sus ingresos mensuales simplemente a pagar alquileres en zonas vulnerables (márgenes de ríos, cañadas o terrenos propensos a deslizamientos). Estas estructuras suelen tener: Pisos de cemento agrietado o tierra; techos de zinc perforado que producen filtraciones masivas durante las lluvias; paredes de madera vieja o bloques sin empañetar que no ofrecen seguridad térmica ni estructural frente a fenómenos atmosféricos.

El nudo gordiano del trabajador dominicano: La combinación de ingresos de subsistencia con la falta de regulación en los precios de los alquileres urbanos condena a más de la mitad de la fuerza de trabajo informal y obrera a habitar en espacios que lesionan su dignidad, perpetuando el ciclo de pobreza multidimensional.