Los informes de diversas organizaciones de Derechos Humanos de muestran que la realidad de El Salvador es muy diferente al paraíso que les presenta Bukele a sus ingenuos seguidores a través de su guerra cognitiva. De eso Bukele sabe, porque su familia sigue inflando una gran fortuna a través de su empresa publicitaria. Una prueba inequívoca de las atrocidades de Bukele: Él mismo admite que ha liberado más de 7 mil jóvenes inocentes. El Poder Judicial y las autoridades de El Salvador han puesto en libertad a más de 7,000 personas debido a que no se les encontraron vínculos con las pandillas y se demostró su inocencia. Es importante aclarar un matiz clave: estas personas no eran pandilleros, sino ciudadanos que fueron arrestados por sospecha o mediante denuncias anónimas durante los operativos masivos del Régimen de Excepción (vigente desde marzo de 2022). Los motivos principales detrás de estas liberaciones y la naturaleza de estos casos se fundamentan en tres puntos Margen de error en detenciones masivas: Con más de 90,000 arrestos realizados bajo el régimen de excepción, el propio gobierno salvadoreño ha reconocido que miles de inocentes fueron capturados de manera injusta o por error debido a la velocidad y la escala de los operativos policiales y militares. Falta de pruebas durante la investigación: Tras ser detenidos de forma provisional, el Ministerio Público (la Fiscalía) y los jueces revisan los expedientes. Al no hallar evidencias sólidas, antecedentes criminales o nexos reales con las estructuras de las maras (como la MS-13 o el Barrio 18), los tribunales ordenan su puesta en libertad. Presión de organizaciones de derechos humanos: Diversas ONG locales e internacionales han denunciado constantemente detenciones arbitrarias y la falta del debido proceso. Estas liberaciones representan la respuesta del sistema judicial para corregir los casos donde el arresto no tenía sustento legal. El Ministro de Justicia y Seguridad de El Salvador, Gustavo Villatoro, ha señalado públicamente que este proceso de revisión es continuo, argumentando que el sistema judicial deja en libertad a quienes resultan ser inocentes mientras mantiene en prisión a los verdaderos miembros de las estructuras criminales. Las denuncias de torturas y malos tratos en El Salvador —documentadas de forma exhaustiva por organismos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la organización local Cristosal— no responden a una política oficial declarada, sino a las condiciones estructurales creadas por el Régimen de Excepción y la urgencia del Estado por desmantelar a las pandillas a cualquier costo. De acuerdo con las investigaciones de estas organizaciones y los testimonios de personas liberadas, las razones por las cuales se han practicado y facilitado estas conductas en el sistema penitenciario salvadoreño se dividen en cuatro factores principales: 1. Suspensión de Garantías Constitucionales y Falta de Control Judicial Bajo el régimen de excepción se suspendieron derechos fundamentales como la defensa técnica (el derecho a un abogado) y el límite máximo de la detención administrativa sin cargos. Al no haber inspectores independientes, defensores ni jueces con capacidad real de monitorear lo que ocurre dentro de los penales, las fuerzas de seguridad y los custodios operan en un entorno de absoluta opacidad e impunidad, donde no rinden cuentas por el trato físico a los internos. 2. Hacinamiento Extremo y Colapso del Sistema Carcelario La captura de más de 85,000 personas en un periodo muy corto triplicó la población carcelaria del país. El hacinamiento masivo generó condiciones que la legislación internacional tipifica directamente como tratos crueles, inhumanos o degradantes: a) Racionamiento severo de agua y alimentos; b) Falta de espacio para dormir, obligando a los internos a permanecer de pie o hacinados por días y; c) Negación sistemática de atención médica y medicamentos, lo que ha provocado cientos de muertes bajo custodia por enfermedades tratables o infecciones cutáneas y respiratorias. 3. Dinámicas de Castigo, Coerción y Deshumanización Muchos de los abusos físicos reportados (como golpizas, asfixias y uso de gas pimienta en celdas) se ejercen bajo la lógica de imponer un castigo severo a los miembros de estructuras criminales que por décadas aterrorizaron a la población. Sin embargo, dado el margen de error de las detenciones masivas, miles de ciudadanos inocentes han terminado sufriendo el mismo trato deshumanizante. Asimismo, las organizaciones denuncian que en ocasiones estos métodos se emplean para forzar a los detenidos a confesar su supuesta pertenencia a una pandilla o a delatar a otros. 4. Directrices de «Mano Dura» e Incentivos por Cuotas Informes de derechos humanos señalan que los agentes policiales y militares han operado bajo una fuerte presión institucional para cumplir con cuotas de arrestos diarios. Esta presión por mostrar resultados contundentes en la «guerra contra las pandillas» propicia que la fuerza se aplique de manera desproporcionada no solo en las calles, sino también en los centros de contención temporal antes de que los reos sean procesados. La postura del Gobierno: El ejecutivo salvadoreño rechaza los informes de las ONG internacionales, argumentando que protegen a los delincuentes. El presidente Nayib Bukele y sus ministros sostienen que las medidas severas son necesarias para garantizar la seguridad de la ciudadanía y que las muertes en prisión o los excesos son hechos aislados o producto de enfermedades naturales, defendiendo que el sistema ahora prioriza los derechos de las víctimas de las pandillas por encima de los detenidos. Las madres de los jóvenes y trabajadores detenidos bajo el Régimen de Excepción en El Salvador han cargado con el impacto emocional, económico y social más devastador de esta crisis. Muchas de ellas han visto cómo sus hijos eran arrestados sin pruebas y, posteriormente, se han enfrentado a un sistema carcelario hermético y punitivo. Las principales angustias y sufrimientos que viven estas madres se pueden agrupar en cuatro realidades desgarradoras: 1. La tortura del «silencio absoluto» (Desaparición administrativa) La angustia más profunda y constante es la falta total de información. Desde el momento del arresto, las autoridades penitenciarias prohíben las visitas familiares y la comunicación telefónica. El vacío informativo: Las madres pasan meses, e incluso años, sin saber si sus hijos están vivos, heridos o en qué centro penal se encuentran. El calvario de las listas: Es común ver a cientos de madres durmiendo a las afueras de prisiones como el penal de Izalco o el de Apanteos, esperando que se publique una lista de traslados o buscando desesperadamente el nombre de su hijo en los listados de fallecidos que llegan a las morgues del Instituto de Medicina Legal. 2. El terror a recibir un ataúd cerrado Debido a las denuncias de torturas, golpizas y falta de atención médica dentro de las cárceles, las madres viven en un estado de pánico permanente ante la posibilidad de que sus hijos mueran bajo custodia estatal. Organismos como Cristosal han documentado cientos de muertes en prisión de personas que aún no habían sido juzgadas. En muchos casos, las madres se enteran de la muerte de su hijo a través de una llamada de una funeraria o de un vecino, y no por una notificación oficial. La angustia se intensifica cuando el Estado entrega los cuerpos en ataúdes sellados y bajo la orden de «entierro inmediato», impidiendo que las madres puedan revisar los restos de sus hijos para verificar las marcas de agresiones físicas. 3. La ruina económica y la extorsión indirecta El sistema ha precarizado al extremo a las familias de los detenidos, compuestas mayoritariamente por madres solteras o abuelas de escasos recursos en zonas rurales y urbano-marginales. Los «paquetes» carcelarios: Para que un reo tenga derecho a ropa blanca, medicinas, productos de higiene básica y alimentación complementaria, el Estado exige que la familia compre un «paquete» mensual dentro de las prisiones, cuyo costo oscila entre los $35 y $170 dólares. Para estas madres, esto significa elegir entre alimentar a los nietos que quedaron a su cargo o endeudarse, vender sus pocas pertenencias o trabajar jornadas dobles para garantizar que su hijo no sufra hambre extrema o enfermedades en la celda. 4. La estigmatización social y el miedo a denunciar El discurso oficial suele etiquetar de forma generalizada a cualquier detenido como «terrorista» o «pandillero», lo que arrastra a las madres a un aislamiento social forzoso. El rechazo comunitario: Vecinos y empleadores, por temor a ser vinculados con las maras o por prejuicios, aíslan a estas mujeres, provocando que muchas pierdan sus empleos o sustentos. El miedo a la retaliación: Existe una angustia constante a ser capturadas ellas mismas si reclaman con demasiada insistencia, si asisten a marchas de familiares de inocentes o si hablan con periodistas y defensores de derechos humanos. «Uno ya no vive, solo respira. El cuerpo de una está aquí afuera, pero el alma y la mente están encerradas con ellos, pensando si ya comieron, si les están pegando o si mañana me llamarán para ir a traerlo en una caja». — Testimonio recurrente de madres organizadas en el Movimiento de Víctimas del Régimen (MOVIR). Navegación de entradas Trump estalla contra Netanyahu; lo acusa de “loco” Reúne Trump y su modelo de gobierno las características del fascismo como fenómeno ideológico?
