Santo Domingo, DN. -El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) expresa su profunda consternación por la muerte del joven Darlin Mercado Reyes, ocurrida durante un procedimiento policial en el sector Herrera. Extendemos nuestra solidaridad a sus familiares y seres queridos, junto a toda la comunidad, quienes hoy enfrentan un dolor que ninguna familia dominicana debería vivir.

Las imágenes que circulan públicamente muestran que dos jóvenes fueron detenidos por agentes de la Policía Nacional para la verificación de los documentos de una motocicleta. En el video se observa que el conductor reconoce que no tenía toda la documentación en regla e, incluso, manifiesta que los agentes podían retener la motocicleta conforme al procedimiento correspondiente. Sin embargo, la situación escala a un forcejeo y, en medio de ese incidente, el acompañante —quien interviene para separar a las partes— recibe un disparo que posteriormente le provoca la muerte.

Estos hechos exigen una investigación independiente y transparente, y el establecimiento de todas las responsabilidades que correspondan conforme a la ley.

En un Estado de derecho, los procedimientos policiales existen precisamente para evitar el uso desproporcionado de la fuerza. La Ley Orgánica de la Policía Nacional 590-16 establece los principios que rigen la actuación de los agentes: legalidad, necesidad y proporcionalidad. Ante una infracción administrativa, como la falta de documentos de un vehículo, la respuesta debe ser la aplicación del procedimiento establecido por la ley; nunca una actuación que termine con la pérdida de una vida humana. La misión de la Policía Nacional es proteger a los ciudadanos, preservar el orden público y hacer cumplir la ley dentro de los límites que la propia ley establece.

Este no es un hecho aislado

En septiembre de 2025, el PLD advirtió públicamente sobre el patrón creciente de muertes por intervención policial: solo en el primer semestre de aquel año, el seguimiento periodístico registró 82 casos de muertes en presuntos intercambios de disparos. Propusimos entonces medidas concretas: investigaciones independientes bajo el Protocolo de Minnesota, uso obligatorio de cámaras corporales, publicación del parte técnico de cada caso en 72 horas, un tablero público mensual de uso de la fuerza y el fortalecimiento de Asuntos Internos con independencia operacional. 10 meses después, el país sigue lamentando tragedias que pudieron y debieron evitarse. Y de acuerdo a medios de comunicación, al día de hoy van 147 muertes a manos de la policía

¡Basta ya de los abusos policiales! Basta ya de actuaciones que deterioran la confianza de la ciudadanía y empañan el trabajo de los miles de agentes que cumplen su deber con honor y profesionalismo. La sociedad dominicana merece una institución policial moderna, respetuosa de los derechos humanos y preparada para manejar situaciones de tensión con criterio, prudencia y estricto apego a los protocolos.

Entre 2024 y 2025, el Estado dominicano destinó RD$8,389 millones a la reforma policial. La ciudadanía tiene derecho a preguntarse qué resultados ha producido esa inversión. No podemos seguir llamando reforma policial a un proceso que, en la práctica, ha priorizado la adquisición de equipos, uniformes y cambios administrativos, mientras deja en un segundo plano la selección correcta de los agentes, la formación humana y profesional de los miembros de las entidades de orden público. La verdadera reforma debe comenzar por la capacitación permanente en el manejo de crisis, el control emocional y la salud mental, la mediación de conflictos y el uso proporcional de la fuerza, junto a la ruptura de la estructura existente comprometida con los viejos métodos de represión. Un policía que no sabe controlar una situación de tensión representa un peligro para la ciudadanía y también para la credibilidad de la propia institución.

FUENTE: Aquiles Rojas

EDITOR: Henry Vargas

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