Caso Onco14: ¿Qué ocurrió en la audiencia más reciente y cuándo continuará el proceso?

El grupo enfrenta cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito, código de acceso) y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.

Pasadas las 9:00 de la noche de este martes,  la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago suspendió el conocimiento de medida de coerción contra los tres imputados en la Operación Onco14, acusados de integrar una presunta estructura que afectó al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, aprovechándose del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), al sustraer, a través de diversas maniobras, fondos millonarios del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).

Según la decisión de la jueza Estefanía Reyes, la audiencia continuará mañana, jueves 25 de junio, a las 4:00 de la tarde, cuando iniciará la etapa de réplica y contrarréplica.

Mientras que en la jornada de este martes, el Ministerio Público solicitó al tribunal que se impongan 18 meses de prisión preventiva para el grupo. Además, pidió que se declare el proceso de tramitación compleja por la pluralidad y la gravedad de los hechos imputados, así como por la posible pena a imponer en un juicio.

El equipo litigante que representó al Ministerio Público lo integraron: el procurador adjunto Wilson Camacho, director de Persecución; Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), y la procuradora de corte Quirsa Abreu, titular de la Fiscalía de Santiago. También, Joanna García, de la Dirección General de Persecución, a cargo de la Dirección Técnica de la Fiscalía de Santiago, y Elvin Ventura, encargado de Casos Complejos en esa jurisdicción.

Por el caso son procesados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo de la asociación sin fines de lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, así como su esposa Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.

Igualmente, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien se divorció del imputado en 2014 y ocupó la Vicepresidencia y, a la vez, fungió como auditora interna y externa del patronato que administra al Instituto Oncológico Regional del Cibao cuando el imputado era presidente de la citada ASFL.

Acusación

De acuerdo con el órgano persecutor, los imputados y las razones sociales Vargas Lora & Asociados (hoy Vargas Guzmán Accounting Center) y la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida sustrajeron los fondos mediante distintos mecanismos fraudulentos.

Sostiene que la investigación aborda hechos delictivos como el fraude clínico y farmacéutico mediante el cambio de indicaciones médicas, uso de sellos médicos falsos, doble facturación al SeNaSa y la entrega incompleta de medicamentos.

«Además, la prohibición de donaciones gratuitas de medicamentos, la venta de medicamentos donados, el contrabando con exoneraciones fiscales y el tráfico con sustancias controladas», agrega el MP.

Asimismo, la utilización de habitaciones del oncológico para realizar cirugías estéticas, el gasto de representación ilegítimo y reembolsos fraudulentos de gastos en viajes y hoteles, así como sabotaje digital, robo de archivos y lavado de activos.

Según la investigación del Ministerio Público, los procesados sobornaron a distribuidoras de medicamentos, crearon la fundación Tócate, con la cual distraían fondos y cobraban al SeNaSa por servicios y medicamentos no suministrados a pacientes del Oncológico de Santiago. Otro de los mecanismos para distracción de fondos del Patronato, según el órgano investigador, fue la autoasignación de salarios, viáticos y otros beneficios que no corresponden al personal que labora en este tipo de entidades.

El grupo enfrenta cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito, código de acceso) y lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.

La Operación Onco14 se ejecutó con la cooperación de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), llevando a la ocupación de dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos, vehículos, título de propiedad, computadoras, celulares y DVR, entre otros.

FUENTE: El HOY